¿La Ley del Seguro Social discrimina a las trabajadoras domésticas?

¿La Ley del Seguro Social discrimina a las trabajadoras domésticas?

A principios de diciembre de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo 9/2018, cuya litis se fijó en determinar si la incorporación voluntaria de las trabajadoras domésticas al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social implicaba discriminación. El autor reflexiona al respecto.

A lo largo de la resolución del amparo directo 9/2018 se abordaron múltiples aspectos: que el trabajo doméstico es desempeñado, principalmente, por mujeres —90 por ciento, de acuerdo con la sentencia—; que, por lo tanto, se le debe considerar como un grupo vulnerable, y que el proceso de afiliación puede constituir una tarea compleja pues se “recarga en la trabajadora doméstica la difícil tarea de convencer al empleador para inscribirse en el seguro social” (sic), por mencionar algunos.

La consecuencia fue declarar la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social y, por lo tanto, se ordenó al IMSS lanzar un programa piloto de incorporación obligatoria al seguro social a favor de las trabajadoras domésticas.

Sin duda, es obligación del Estado garantizar el derecho humano de toda persona a la seguridad social y, evidentemente, esta sentencia podría constituir un avance importante para lograrlo, pero ¿en verdad el camino es incluir al trabajo doméstico en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social?

Un argumento que se utilizó a lo largo de la sentencia fue que los alcances de la cobertura en materia de seguridad social, que trae aparejada la incorporación voluntaria, constituyen un obstáculo para que las trabajadoras domésticas ejerzan este derecho humano.

Sin embargo, tal aseveración es debatible, pues si por cobertura se entiende acceder a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales —todos éstos comprendidos en el régimen obligatorio—, la consecuencia jurídica de incorporarse voluntariamente es, precisamente, gozar de ellos.

Otro punto controversial y que amerita un análisis más profundo es la afirmación contundente de que a quien se debe convencer para inscribir a las trabajadoras domésticas ante el IMSS es a los empleadores.

Lo anterior, pues si bien existen organizaciones que han documentado la explotación y las malas condiciones históricas bajo las cuales las trabajadoras domésticas han desempeñado su labor —como ONU Mujeres—, también lo es que la sentencia no aborda en ningún momento las estadísticas o los porcentajes de trabajadoras que rechazan el ofrecimiento de sus empleadores para inscribirlas en el IMSS —sea bajo o no—.

O, ¿acaso etiquetar a todos los empleadores como los “villanos de la película” no es discriminatorio, según la definición del artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación?

Otro elemento toral, que la sentencia sólo refiere accesoriamente, es la cuestión presupuestal y las capacidades reales del IMSS, así como los costos que implica un programa como el que se ordenó implementar.

Lo anterior, pues a pesar de que el IMSS cuenta con facultades para fiscalizar, determinar, sancionar y ejecutar cualquier incumplimiento en materia de seguridad social —como se indica en la sentencia—, no hay ningún análisis en cuanto al impacto que traería operarlo.

A esto hay que añadir que la sentencia ordena al IMSS lanzar el programa piloto con cargo a su presupuesto del ejercicio fiscal 2019, mientras que el director general del instituto anunció que ahorrarán 4,218 millones de pesos este año…

Porque, ¿qué pasará si, al cabo de los tres años que la SCJN consideró suficientes para que las trabajadoras domésticas gocen plenamente de seguridad social, no se logró el objetivo? ¿Y si el (costoso) programa piloto fracasa?

Por supuesto que toda trabajadora doméstica debe gozar de una cobertura adecuada, accesible y suficiente de seguridad social, con condiciones no menos favorables que las establecidas para los demás trabajadores.

Sin embargo, se reitera que, al inscribirse cualquier persona de manera voluntaria al IMSS, se garantiza tal cobertura y el acceso a todos los seguros que comprende el régimen obligatorio —según lo dispone la propia Ley del Seguro Social—.

Es laudable que la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro país haya pretendido impulsar una necesaria política pública en un tema de derechos humanos como es la seguridad social para las trabajadoras domésticas. No obstante, las políticas públicas deben ser preventivas —no reactivas—, basadas en elementos empíricos, pero también en datos estadísticos —pues lo que se mide se puede mejorar— que abarquen todos los aspectos del problema y que sus posibles resultados repercutan en un beneficio para todas las personas.

Tal vez hubiera sido preferible que el programa piloto buscara fomentar, en trabajadoras domésticas y empleadores por igual, las bondades y los beneficios de la inscripción voluntaria al régimen obligatorio, a la par de que el IMSS facilitara los trámites para hacerlo. Empero, ahora no queda más que esperar que no resulte peor el remedio que la enfermedad.

Fuente original: https://elmundodelabogado.com

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