Elementos para la interpretación electoral del principio Pro Mujer

Elementos para la interpretación electoral del principio Pro Mujer

La necesidad de seguir fomentando el diálogo sobre las formas legitimas de erradicar las anomias estructurales que vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre y sin violencia[1], no obstante, los logros alcanzados en la búsqueda del establecimiento de condiciones más favorables para el acceso y desarrollo de las mujeres en la vida pública y privada, continúa.

En gran medida, la mayoría de las autoridades electorales han contribuido a fortalecer los derechos político electorales de las mujeres, sobre la posibilidad de ser votadas y el ejercicio a los cargos de representación popular.

Ello se ha logrado a través de la implementación de principios y acciones afirmativas, como las cuotas de género, la paridad horizontal y vertical, la igualdad y la erradicación de la violencia política contra las mujeres con elementos de género[2], algunas de ellas, que incluso ya se encuentran a nivel Constitucional y legal.

Sin embargo, en la práctica, no ha sido posible dejar de lado la prevalencia de actitudes discriminatorias que erosionan el sistema democrático, por lo que, me permito visualizar cuatro puntos que se deben fortalecer para lograr juzgar con perspectiva de género en el ámbito electoral.

  1. Perspectiva cultural. La falta de reconocimiento y conciencia de la igual dignidad de la mujer, así como, de la plenitud de ejercicio de sus libertades y derechos, impide consolidar consensos legítimos para alcanzar la participación política sustantiva.

En este sentido, las autoridades tienen el deber de actuar con la debida diligencia y en corresponsabilidad con la ciudadanía. Esta perspectiva se refiere al ejercicio de la función pública con legalidad y equidad, así como, a la implementación de acciones de formación de ciudadanía y cultura democrática.[3]

  1. Paridad y acciones afirmativas. El aspecto formal de la igualdad sustantiva comprende la adopción de leyes y medidas de nivelación que garanticen el equilibrado y armónico acceso a las oportunidades, los recursos y los resultados.

La eficacia de la paridad electoral, como principio constitucional, se materializa en las acciones afirmativas jurisdiccionales. Éstas garantizan el principio de igualdad entre las personas, promueven y aceleran la participación política de las mujeres, al mismo tiempo que eliminan la discriminación y exclusión en su contra.[4]

Es fundamental que, quien juzga en el orden electoral, comprenda e interprete el alcance de la norma paritaria, a la luz del principio pro mujer, lo cual implica extender la conciencia jurídica de la comunidad hacia la solidaridad con un grupo social que ha sido histórica y estructuralmente sesgado de la vida pública.

Esto es, el principio del efecto útil en la interpretación de las reglas de paridad, así como la finalidad de estas acciones, admiten la implementación de medidas cualitativas que, en un sentido de progresividad, trasciendan la aplicación o la interpretación neutral de la regla de paridad 50-50, lo cual, no implica una sobrerrepresentación femenina en detrimento de los varones.[5]

Esta regla de interpretación, bajo condiciones y argumentos justificados, legitiman la posibilidad de extender la paridad electoral cuantitativa, en favor de las mujeres, con el objetivo de revertir y compensar aquella situación de desventaja histórica, para alcanzar la igualdad sustantiva, base fundamental del sistema democrático nacional.

  1. Violencia política contra las mujeres con elementos de género. El nombre que se le da a un fenómeno juega un papel crucial en el reconocimiento de su existencia[6].

En este sentido, tener claridad en el concepto, es una herramienta fundamental para la previsión legislativa de la VPG. Definirla, contribuye a identificar sus elementos, modalidades y ámbitos de ocurrencia, así como, generar las pautas y estándares para su prevención, atención, sanción, reparación y erradicación.

Por lo cual, es esencial distinguir: a) Violencia políticab) Violencia política de género; y, c) VPG[7]. Ello, como condición indispensable para juzgar con perspectiva de género, es decir, tomar en cuenta si incide en el caso cualquier característica de la diversidad humana que sea objeto de discriminación[8].

De esta forma, se terminaría con la sobreproducción legislativa y con la diversidad de conceptos y definiciones, que se plasman en los cuerpos legales (electorales y penales).

  1. Erradicación de la VPGSalvaguardar el derecho de las mujeres a una vida libre de VPG, implica una clara definición de competencias en el deber de administrar, legislar y juzgar con perspectiva de género, en corresponsabilidad con las acciones de la sociedad civil.

En este sentido, se debe fortalecer el criterio de la VPG como causal de nulidad electoral por violación a principios constitucionales generales (igualdad, no discriminación) y electorales (paridad) y, de manera conjunta, debe sumarse su tipificación penal[9].

La VPG aún no está tipificada en el ámbito federal, únicamente en algunas entidades federativas, lo cual, implica su invisibilización al dar la impresión de que sólo puede ocurrir en un contexto electoral.

No toda la violencia que se ejerce contra las mujeres, en política o en elecciones, tiene elementos de género, por tanto, es necesario tener claridad para discernir y evitar el riesgo de vaciar de contenido el concepto y/o sus implicaciones[10]. Evitar el uso ilegítimo de la VPG, aumentará la efectividad de la corrección jurisdiccional[11].

[1] Jurisprudencia 48/2016. Violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos electorales. TEPJF.

[2] En adelante VPG.

[3] Jurisprudencia 1a./J. 44/2018 (10a.). Derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. metodología para el estudio de casos que involucren la posible existencia de un tratamiento normativo diferenciado. SCJN.

[4] Jurisprudencia 11/2018. Paridad de género. La interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres. TEPJF.

[5] Jurisprudencia 43/2014. Acciones afirmativas. Tienen sustento en principio constitucional y convencional de Igualdad material. SCJN.

[6] Krook, Mona Lena, et. al. Cuando hacer política te cuesta la vida. Ed. TECDMX-UNAM, México, 2017, pp. 45.

[7] Tesis XVI/2018. Violencia política de género. elementos que la actualizan en el debate político. TEPJF.

[8] Véase CONSIDERANDO SÉPTIMO del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, con elementos de género, en el ámbito de competencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. en http://comitegenero.tecdmx.org.mx/index.php/documentos/

[9] Ley Modelo Interamericana sobre VPG. OEA-Mecanismo de Seguimiento Belém do Pará. Mayo, 2017.

[10] Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. TEPJF y otros. México, 2017, p. 68.

[11] Tesis 2a. CXVI/2007. Garantía de No Discriminación. Su protección constitucional. SCJN.

Fuente original: https://forojuridico.mx – Por Magistrada M. Alejandra Chávez Camarena

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